Del por qué estudié Derecho...

Oponente a un concurso de Jefaturas en mi Hospital Dr, Félix Bulnes, fui calificado en Lista Dos por mi jefe de Urgencia, el Dr. Sergio Cárcamo, oponente al mismo concurso, en una violación flagrante de la probidad administrativa que le permitió remontar mi puntaje. Apelé a la Contraloría General de la República y, para mi sorpresa, la apelación fue rechazada, sin fundamento alguno. Después de varias conversaciones con el Sr. Contralor de la República, éste me aconsejó reapelar, lo que naturalmente hice, y esta vez fue el propio Contralor,  Don Gustavo Schiolla Avendaño quien, personalmente, la rechazó. 

Esta es la nota abierta que le dirigí  y que releo, doce años después,  con cierta sorpresa... más discurre un hambriento que cien letrados...

Santiago, 2 de septiembre de 2002.

Sr. Gustavo Schiolla Avendaño.

P  R  E  S E N  T  E

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Le escribo esta nota con profunda desazón. Constatar que se impone la sinrazón y se institucionaliza el abuso de autoridad mediante una  interpretación de intenciones que no resiste  el menor  análisis y  una utilización poco rigurosa de conceptos, útiles como todos los conceptos, para el entendimiento entre las personas, produce una frustración que va más allá del hecho puntual de haber perdido una apelación con todas sus consecuencias económicas y morales, por más sensibles que éstas  puedan ser.

Pese a su dictamen Nº 33676 seguiré pensando que solicitar es activo y aceptar es pasivo, que quien acepta es la contraparte de quien solicita; que lo expreso y lo tácito son conceptos antónimos que ninguna interpretación, por más extensiva y analógica que pudiera ser, lograría  homologar nunca.

Acepto su dictamen solamente por el peso de su autoridad y por consideraciones de orden práctico, pero mi fuero de conciencia no es mi fuero gremial,  no puede ser violado y nunca entenderé que la suposición de una aceptación tácita y una solicitud expresa lleguen a ser lo mismo. El choque de conceptos impide su conciliación.

Aún aceptando que mis actitudes puedan ser interpretadas, violenta moralmente el que esa interpretación  tenga como efecto final,  única y exclusivamente un daño  en mi carrera profesional, sin que pueda demostrarse ningún efecto beneficioso para la Institución y sí un efecto favorable para quien la impone, oponente también al Concurso de Jefaturas 2000 que, por esa sola razón, respetando la Ley de Probidad Funcionaria, debió haberse inhibido de motu propio o haber sido inhabilitado por la autoridad.

No puedo entender que Ud. afirme que, a mi juicio, había falta de fundamentos de las bajas de calificaciones, porque, objetivamente, esos fundamentos no existían en mi Hoja de Vida. No hay tal juicio subjetivo sino una constatación objetiva.

Que esa carencia de fundamentos, que viola principios básicos de la administración, sea confundida, además, con mis expectativas de calificación, facilita la descalificación de mi conducta y más parece una sorites manipulada para confundir sujetos y predicados con una acuciosidad vana, puesto que ambas pueden ser rechazadas al ejercer el derecho del funcionario a no firmar para extender los plazos de reposición.

Insistir en la obligación de firmar la segunda precalificación no resiste el menor análisis de cordura. Lo que, a todas luces, fue una actitud de inadvertencia mínima que a nadie dañaba, salvo al suscrito, podía y debía haber sido corregida oportunamente para evitar este gasto inútil de tiempo, papel y  paciencia que guarda una desproporción gigantesca con su origen y cuya justificación real, lo sabemos todos los actores y espectadores de este sainete es  otra: la de impedir el ejercicio de mi derecho a acceder a una Jefatura (1).

Por esa misma vía, debería obligarse al niño a quemarse la mano izquierda después que inadvertidamente puso la derecha al fuego; al conductor a no respetar el segundo Pare después de no advertir el primero; a tomar obligadamente el segundo trago de veneno al  que tomó el  primero por estar pajaroneando. No hay aquí ironía alguna, es sólo la ironía del  absurdo llevado  al extremo mediante el uso abusivo de la autoridad.

No puedo dejar de recordar que el rechazo de mi primera apelación fue fundamentada en no haber alegado mi condición de dirigente gremial durante el proceso calificatorio, en circunstancias que acompañé, en esa apelación, seis  documentos que exigen el respeto a ese fuero: dos a los jefes de servicio y unidad, dos a la junta calificadora y uno al director del SSMOCC. El sexto documento fue una comunicación de este último al director del hospital, señalando que no estaba afecto a calificación, nota no respetada por su subordinado, también oponente al mismo Concurso y por lo tanto faltando a la probidad por partida doble. ¿Qué pasó con esos documentos? Ni siquiera fueron rechazados, se hizo, llanamente, caso omiso de ellos con una actitud verdaderamente incalificable.

En fin, ni siquiera espero que llegue hasta estas líneas, porque todo lo dicho es sabido por Usted. Si lo hace, tal como se lo expresé en nuestra primera entrevista, en la que le manifesté que mi único interés era que Usted no  pensara que este desconocido era un cavernario, esta vez quiero que sepa que discrepo profundamente y con fundamento, de su dictamen, a tal punto, que no creo que haya sido redactado por Usted.

 No es suyo el lenguaje agresivo, descalificador que connota su redacción. No puedo entender  que Usted me acuse de  escudarme  en mi calidad de dirigente gremial o  que actúe arbitrariamente de acuerdo a mis intereses. Si Usted mismo me apoyó en esta reapelación, su dictamen es de una incongruencia absoluta, inentendible a la luz de su coherencia y de sus valores humanistas, que en algún momento pudimos compartir.

La situación que vivo me hace revalidar lecturas nietzscheanas referidas a la eterna dialéctica de lo individual y lo colectivo, en sus palabras: del rebaño y la singularidad. De la desconfianza hacia todo aquel que afirma su singularidad  y valida la diferencia de sus ideas ante los demás, del impar exponiéndose a la sospecha racional y al ostracismo moral de los pares, que fundamentan su lógica del rebaño en la certidumbre y la seguridad.

Ejemplo menor el mío. Vetado, vejado, insultado con tanta fluidez como impunidad, propia del rebaño nietzscheano, mi único pecado ha sido el de estudiar las leyes y reglamentos, hechos para normalizar la convivencia, para intentar normalizar la convivencia en mi hospital. Desgraciadamente, la aplicación del derecho administrativo respetando sus principios y sus normas, atenta contra el libre ejercicio del poder - que justamente  para eso fue hecho -  y genera la respuesta que todos conocemos.

Esta es una apelación moral. No apelaré a los tribunales, pero exigiré que la Junta Calificadora tome en consideración la Precalificación firmada y no tramitada  y no solamente la Precalificación  no firmada y tramitada. Además, que la sanción por negarse a firmar pierda su carácter extemporáneo y sea aplicada al período que corresponde, 2001  y no 2000.

Si esta vez se respeta la ley, la autoridad habrá ganado al lograr calificarme como siempre y yo habré ganado al mantener mi Lista Uno de siempre. En otras palabras, ese resultado ecuánime, injusto, absurdo y lógico es una buena rúbrica para tanta pérdida de tiempo que nos permite, al menos,  filosofar.

                                                

Dr. Hernán Lechuga Farías

(1). El proceso concursal duró más de dos años, en los cuales se modificaron las bases en tres ocasiones una vez abiertas las postulaciones, se homologó diplomado (Dr. Cárcamo)  con  Magister en Salud Pública (mío) se alteraron los criterios de Idoneidad y competencia, se aplicaron sanciones al suscrito en respuesta a las apelaciones, que bajaron aún más las calificaciones y se consideraron en los antecedentes concursales, a pesar de su extemporaneidad grosera.